Activistas de las coaliciones Muerte Digna ¡Ya! y Práctica: Laboratorio para la Democracia confiaron en que la Ciudad de México avance este año en la legalización de la eutanasia, luego de que el periodo ordinario del Congreso capitalino comenzó el martes 1 de septiembre de 2026.
Samara Martínez y Aurélien Guilabert, impulsores de la llamada Ley Trasciende, señalaron que el viernes 28 de agosto se reunieron con la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien habría considerado el tema como una prioridad de su administración y se comprometió a presentar una ruta de trabajo para la capital.
La propuesta contempla reformas a la Ley de Salud, el Código Penal y la Constitución de la Ciudad de México, con el objetivo de reconocer y regular la ayuda médica para morir en casos específicos de enfermedades graves, avanzadas o terminales.
En el encuentro también participaron representantes de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social. La reunión ocurrió después de la movilización realizada el 28 de agosto en el Centro Histórico, donde pacientes, familiares y activistas entregaron el expediente de la iniciativa.
Los promotores afirmaron que encuestas de sus organizaciones indican que ocho de cada 10 personas en la capital están a favor de una muerte digna. Además, el Gobierno de la Ciudad de México informó que una encuesta encargada por su administración registró 86 por ciento de respaldo a la legalización de la eutanasia, aunque todavía no se han detallado públicamente la metodología ni el tamaño de la muestra.
El debate legislativo
Actualmente, la legislación mexicana permite la voluntad anticipada, mediante la cual una persona puede rechazar tratamientos destinados a prolongar la vida bajo determinadas condiciones. Sin embargo, la eutanasia activa, entendida como la intervención del personal sanitario para provocar deliberadamente la muerte, no está legalizada en el país.
La discusión prevista en el Congreso capitalino deberá considerar la participación de especialistas en bioética y salud, familiares de personas con enfermedades graves, organizaciones civiles y otros sectores relacionados con la atención al final de la vida.
Las organizaciones promotoras esperan que la Ciudad de México se convierta, antes de que termine 2026, en un referente nacional para el reconocimiento del derecho a una muerte digna. Por ahora, el siguiente paso será definir la ruta legislativa y el alcance de las reformas propuestas.