Un juez hondureño dictó el 1 de septiembre de 2026 sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el proceso por presunto fraude y lavado de activos relacionado con el caso Pandora II, por lo que la causa penal quedó cerrada y el exmandatario recibió libertad definitiva.
La resolución fue emitida por el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, después de la audiencia inicial. De acuerdo con la explicación ofrecida por el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, el juez determinó que no existía trazabilidad del dinero presuntamente desviado hacia la campaña política de Hernández.
El caso Pandora II
La Fiscalía hondureña acusaba al exmandatario de fraude y lavado de activos por un presunto manejo irregular de fondos públicos entre 2010 y 2013. La investigación señalaba transferencias por más de 288 millones de lempiras, recursos que presuntamente fueron canalizados mediante organizaciones y fundaciones.
El expediente sostenía que parte de esos fondos pudo haber sido utilizada para financiar la campaña presidencial de 2013. Sin embargo, el tribunal concluyó que no pudo acreditarse la ruta del dinero ni la responsabilidad penal de Hernández en los hechos imputados.
Hernández regresó a Honduras tras un indulto
Juan Orlando Hernández regresó a Honduras el 26 de julio de 2026, cuatro años después de haber sido extraditado a Estados Unidos para enfrentar un proceso por narcotráfico. En junio de 2024, un tribunal estadounidense lo sentenció a 45 años de prisión, pero posteriormente recibió un indulto del presidente Donald Trump y recuperó la libertad.
A su regreso, el ex presidente debía responder ante la justicia hondureña por las acusaciones vinculadas con Pandora II. La decisión judicial del 1 de septiembre eliminó los cargos pendientes en su contra dentro de Honduras.
La resolución puede ser apelada
El sobreseimiento definitivo implica el cierre del proceso, aunque las partes notificadas pueden presentar un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones correspondiente. Mientras tanto, la resolución deja sin efecto las medidas judiciales dictadas previamente contra el exmandatario.