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Reforma a la Ley de Inversión Extranjera crea revisión por seguridad nacional

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El decreto que reforma la Ley de Inversión Extranjera fue publicado el 19 de noviembre de 2026 y entrará en vigor el 20 de noviembre. Crea un procedimiento de revisión por seguridad nacional para determinadas adquisiciones extranjeras de empresas mexicanas: requiere resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) cuando la participación supere 49%, los activos rebasen el umbral que determine la Comisión y la empresa opere en actividades comprendidas por la ley.

La reforma también amplía la integración de la CNIE. Las personas titulares de Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se incorporan como integrantes; en cambio, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera serán invitadas permanentes a las sesiones sobre seguridad nacional, con voz, pero sin voto.

Qué adquisiciones estarán sujetas a revisión

El nuevo procedimiento se aplica a operaciones en las que la inversión extranjera pretenda participar, directa o indirectamente, en más de 49% del capital social de una empresa mexicana. Además de superar ese porcentaje, la compañía debe tener activos por encima del monto que establezca la CNIE mediante una resolución general y desarrollar alguna de las actividades señaladas en la ley.

Entre las actividades incluidas están las infraestructuras estratégicas físicas o virtuales, como las relacionadas con energía, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, tratamiento o almacenamiento de datos y sistemas digitales. También figuran tecnologías críticas y productos de doble uso, entre ellos inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespaciales y de defensa, así como tecnologías de almacenamiento de energía, cuánticas y nucleares.

La lista abarca asimismo el suministro de insumos fundamentales —como energía o materias primas—, la seguridad alimentaria y el acceso a información sensible, incluidos datos personales, o la capacidad de controlarlos. La Comisión podrá incorporar actividades o sectores análogos mediante una resolución general.

Plazo para fijar el umbral de activos

El decreto no fija el monto de activos que activará la revisión obligatoria. La CNIE deberá establecerlo y publicarlo en un plazo máximo de 180 días naturales contado a partir del día siguiente a la publicación del decreto. Si los activos de la empresa no superan ese umbral, la solicitud de revisión prevista en este procedimiento será voluntaria.

Cuando una operación quede comprendida en el mecanismo, la empresa mexicana y el inversionista extranjero deberán presentar conjuntamente la solicitud ante la Secretaría Técnica de la Comisión. La CNIE tendrá 45 días hábiles para resolver; en los asuntos de seguridad nacional no aplica la aprobación por silencio prevista para otras solicitudes.

La Comisión podrá declarar viable la adquisición, condicionarla a cambios para mitigar riesgos o impedirla por razones de seguridad nacional. Sus integrantes no podrán abstenerse y los acuerdos se tomarán por mayoría. El decreto también establece sanciones para ciertos incumplimientos, que pueden incluir multas y, en los supuestos previstos, la desincorporación de activos.