La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró el 19 de noviembre de 2026 que Myanmar cometió genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rakáin durante las operaciones militares de 2017. La decisión, aprobada por nueve votos contra seis, concluye que el país violó sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
El fallo establece la responsabilidad internacional del Estado. La CIJ también determinó que Myanmar incumplió sus deberes de prevenir el genocidio, castigar los actos contemplados en la Convención y preservar pruebas relacionadas con las acusaciones.
Investigaciones y medidas de reparación
La Corte ordenó al gobierno adoptar medidas inmediatas y eficaces para investigar a las personas sobre las que existan sospechas razonables de haber cometido actos prohibidos por la Convención durante las operaciones de 2017 y, cuando corresponda, procesarlas y sancionarlas. También dispuso que Myanmar apruebe legislación para cumplir sus obligaciones y ofrezca garantías de no repetición.
Entre las medidas de restitución, el fallo incluye facilitar el retorno seguro, voluntario y digno de las personas rohinyás desplazadas, así como la reunificación familiar. Myanmar también deberá compensar a la comunidad y a sus integrantes por los daños que no queden reparados mediante la restitución.
La CIJ dejó para una fase posterior del proceso la determinación del monto y las modalidades de las reparaciones. Myanmar deberá entregar a la Corte, en un plazo de dos años a partir del fallo, un informe sobre las medidas de restitución adoptadas y la compensación.
Responsabilidad estatal
La sentencia se refiere a la responsabilidad de Myanmar como Estado; no constituye una condena penal individual contra militares o funcionarios. La Corte ordenó al país investigar y, si corresponde, procesar y castigar a las personas sospechosas.
En otro punto, la CIJ concluyó que Myanmar no incurrió en responsabilidad por incitar directa y públicamente a particulares a cometer genocidio. El fallo es definitivo y obliga a las partes; la determinación de las reparaciones económicas continuará en el procedimiento posterior.

