Gerald Romo Aguilar denunció que una operación inmobiliaria derivó en la inscripción irregular de la casa de su madre, Gladis Aguilar de la Cruz, a nombre de un tercero. El caso, ocurrido en Oaxaca de Juárez, es investigado por autoridades ministeriales ante señalamientos de fraude, suplantación de identidad, intimidación, extorsión y posible manipulación de documentos registrales.
La denuncia señala a Vladimir Avendaño Méndez y Víctor Hugo Porras Cerón como particulares presuntamente involucrados en el intento de despojo. La eventual responsabilidad penal de ambos deberá ser determinada por la Fiscalía y, en su caso, por la autoridad judicial.
Una venta que terminó en una disputa por la propiedad
En 2025, Romo contactó a una agencia inmobiliaria para vender la vivienda que su madre había construido durante más de 20 años. En octubre de ese año le informaron que había compradores interesados; sin embargo, seis meses después detectó que la propiedad aparecía registrada a nombre de Víctor Hugo Porras Cerón.
El denunciante explicó que los supuestos compradores ofrecieron un depósito de 50 mil pesos para retirar la vivienda del mercado y afirmaron que adquirirían el inmueble mediante un crédito hipotecario. Después solicitaron reparaciones y trámites adicionales, acciones que, según la denuncia, habrían servido para ganar tiempo mientras avanzaba el esquema.
Romo afirmó que posteriormente se utilizaron los depósitos, pagos de trámites y avalúos para sostener que mantenía una deuda con los interesados. Un abogado le habría advertido que podían simular una obligación económica para después reclamar judicialmente la casa.
Documentos bajo investigación
La denuncia refiere que el cambio registral se apoyó en un supuesto instrumento notarial de compraventa con fecha de 2017, además de una cédula catastral, comprobantes de pago y una constancia de registro. Romo sostuvo que los documentos fueron elaborados en hojas oficiales y contenían sellos que habrían sido reproducidos digitalmente.
También mencionó la participación de un hombre que se identificaba como el arquitecto Adán Othón, quien presuntamente habría realizado el avalúo del inmueble. La denuncia sostiene que esa persona aparece relacionada con otras carpetas de investigación por casos similares, aunque estos señalamientos aún deben ser confirmados por las autoridades competentes.
En agosto de 2026, el consejero jurídico del Gobierno de Oaxaca aclaró que Avendaño Méndez y Porras Cerón son particulares señalados por las víctimas, no funcionarios del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca. Asimismo, pidió que la Fiscalía Anticorrupción determine si existió manipulación del sistema registral y quiénes serían responsables.
La denuncia y la recuperación registral
Gerald Romo y su madre acudieron ante la Vicefiscalía del Sector Metropolitano para denunciar suplantación de identidad, asociación delictuosa, fraude, intimidación y extorsión. En una primera solicitud ministerial, el IFREO negó contar con información relacionada con el movimiento registral.
Hasta el 11 de junio de 2026, la vivienda continuaba registrada a nombre de Porras Cerón. Después de una segunda solicitud de información de la Fiscalía, el inmueble volvió a aparecer a nombre de Gladis Aguilar de la Cruz.
Romo también denunció que recibió una llamada en la que le advirtieron que los señalados conocían la denuncia y que uno de ellos estaba molesto. Posteriormente, abogados de cobranza acudieron a su domicilio y dejaron un documento en la puerta, hecho por el que presentó una segunda denuncia por presunta intimidación y extorsión.
Un problema que alcanza a más propietarios
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reportó tres carpetas de investigación relacionadas con Avendaño Méndez y Porras Cerón por igual número de casos de presunto despojo de propiedades. Las investigaciones también contemplan posibles irregularidades en registros y trámites vinculados con inmuebles.
En el contexto estatal, se han señalado posibles vínculos entre funcionarios de Catastro, el IFREO, el Registro Civil, notarios, abogados y particulares. De acuerdo con cifras difundidas por autoridades, Oaxaca acumula 4 mil 796 carpetas de investigación por despojo y 5 mil 250 personas afectadas; esos datos corresponden a un acumulado reportado en años recientes y muestran la dimensión del problema.
El caso de la familia Romo Aguilar continúa sujeto a investigación. La Fiscalía deberá establecer si hubo alteración de registros, falsificación documental y participación de servidores públicos o particulares, así como determinar las responsabilidades que correspondan.