Estados Unidos exhortó el 2 de septiembre de 2026 a la comunidad internacional a cortar los vínculos habituales con Nicaragua, después de que la Asamblea Nacional de ese país aprobara una reforma constitucional que restringe la participación de opositores en las elecciones y amplía de seis a siete años los periodos de los cargos públicos.
El llamado fue difundido por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien pidió a los aliados de Washington adoptar una postura conjunta frente al gobierno del presidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo.
La reforma, aprobada por una Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, impide competir por cargos de elección popular a personas señaladas por el gobierno nicaragüense por supuestos actos golpistas, traición a la patria o por solicitar una intervención militar extranjera. La medida también alcanza a opositores exiliados o desnacionalizados acusados de promover sanciones o intervenciones internacionales.
Washington eleva la presión diplomática
La petición estadounidense ocurre después de que Ortega anunciara que en Nicaragua no volvería a haber elecciones para evitar que la oposición recuperara el poder. Posteriormente, el Legislativo aprobó cambios que prolongan los periodos de las autoridades elegidas por voto popular de seis a siete años.
Rubio sostuvo que el gobierno de Ortega y Murillo ya no mantiene siquiera la apariencia de contar con consentimiento popular y pidió a otros países demostrar que Nicaragua no puede conservar una relación normal con la comunidad internacional mientras limita la competencia política.
La decisión legislativa fue aprobada en una sesión realizada en León y consolida una serie de reformas impulsadas por el oficialismo para concentrar atribuciones en la presidencia y reducir los espacios de participación de la oposición.
Reacciones internacionales
La reforma ha generado cuestionamientos de organismos internacionales, que advierten sobre sus efectos en la alternancia democrática, el pluralismo político y la posibilidad de celebrar elecciones competitivas.
La presión de Estados Unidos se suma a llamados previos de países y organismos regionales para que Nicaragua restablezca el Estado de derecho, permita la participación de distintas corrientes políticas y garantice procesos electorales transparentes e inclusivos.
Con la nueva reforma, el gobierno de Nicaragua enfrenta un mayor aislamiento diplomático mientras la comunidad internacional evalúa posibles medidas políticas y económicas en respuesta al cierre de los espacios electorales.