Integrantes del colectivo “Soy Papá, No Criminal” se manifestaron el 19 de noviembre de 2026 frente al Palacio de Gobierno de Sonora, en Hermosillo, para denunciar lo que consideran discriminación y falta de imparcialidad en procesos judiciales relacionados con conflictos familiares. Durante la protesta, entregaron una solicitud de audiencia al gobernador Alfonso Durazo Montaño.
Los representantes Fernando Romero Ramos y Ubaldo Valenzuela señalaron que algunos padres enfrentan procesos legales tras separaciones o divorcios y que, en ciertos casos, las denuncias por violencia familiar o delitos sexuales derivan en restricciones para convivir con sus hijos. Esas afirmaciones corresponden a los planteamientos del colectivo.
Los integrantes también cuestionaron el uso de evaluaciones psicológicas en estos procesos. Sostuvieron que algunos dictámenes carecerían de elementos científicos suficientes para acreditar los hechos denunciados y pidieron que cada caso se investigue con objetividad.
Valenzuela afirmó que algunos miembros han enfrentado detenciones y procesos penales. Como ejemplos, mencionó a un integrante que, según dijo, permaneció un año en prisión y su propio caso, en el que aseguró haber estado detenido durante 22 días.
El colectivo sostuvo que las disputas también pueden afectar a abuelos, tíos y otros familiares que pierden contacto con niñas y niños. Sus integrantes estimaron que la agrupación reúne entre 100 y 120 personas en Sonora.
Durante la manifestación, los participantes dijeron que no buscan desconocer la violencia contra las mujeres ni minimizar los delitos sexuales. Plantearon que se garantice el debido proceso, la presunción de inocencia y el interés superior de la niñez, además de evitar una aplicación sesgada de la perspectiva de género.
Los representantes señalaron que antes buscaron respuestas en los poderes Legislativo y Judicial, sin obtener —según afirmaron— una solución a sus planteamientos. La solicitud entregada al gobernador busca abrir un espacio para exponer sus demandas.

