El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados aumentó en Colombia durante los últimos años. Al menos mil 500 menores han sido reclutados desde 2021 y las redes sociales, especialmente Facebook y TikTok, son utilizadas para difundir propaganda, publicar falsas ofertas de trabajo y establecer contacto directo con posibles víctimas.
Los menores indígenas representan casi la mitad de los casos documentados, pese a que los pueblos indígenas constituyen alrededor de 4% de la población colombiana. Además, más de 30% de las víctimas tenían entre 10 y 14 años, una edad cuyo reclutamiento puede constituir un crimen de guerra conforme al derecho internacional.
Los grupos armados aprovechan condiciones como la pobreza, la exclusión social, la violencia familiar y las barreras para acceder a la educación. A través de intermediarios y reclutadores civiles ofrecen dinero, poder o prestigio; en algunos casos, estos intermediarios reciben hasta mil dólares por cada menor captado.
Las redes sociales amplían el alcance del reclutamiento
La investigación revisó más de 70 cuentas y 40 publicaciones en plataformas digitales que glorificaban la pertenencia a grupos armados e invitaban a los usuarios a incorporarse. El contacto también ocurre mediante chats públicos, mensajes privados y anuncios que presentan el ingreso a estas estructuras como una oportunidad laboral.
El contenido puede dirigirse a los menores mediante recomendaciones algorítmicas y publicaciones relacionadas. Aunque las plataformas cuentan con políticas para retirar material vinculado con organizaciones violentas, la detección y eliminación de estos mensajes todavía presenta deficiencias.
Una vez incorporados, los niños, niñas y adolescentes pueden ser trasladados lejos de sus familias para dificultar su escape. También son utilizados en labores de inteligencia, mensajería, vigilancia, manejo de drones, actividades relacionadas con el tráfico de drogas y combates; las niñas enfrentan además un riesgo particular de violencia sexual.
Más de la mitad de los casos reportados se concentran en Cauca, mientras que las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia aparecen como responsables de la mayoría de los casos denunciados. La falta de registros exhaustivos dificulta conocer la dimensión real del fenómeno.
Las políticas públicas para prevenir el reclutamiento y atender a las víctimas enfrentan problemas de actualización, presupuesto y capacidad institucional, especialmente en los municipios. En la última década, cerca de 1% de las denuncias derivó en una investigación penal y solo 0.2% terminó en una condena.
Frente a este panorama, las medidas de protección requieren coordinación entre autoridades nacionales, gobiernos locales, comunidades indígenas, escuelas y plataformas digitales. También resulta necesario fortalecer la prevención, la atención a las víctimas y la investigación de los responsables.